6- España S. XXI

El nuevo gobierno del Partido Popular se propuso cumplir los criterios de convergencia del tratado de Maastricht para que la economía española se incorporara al grupo de países que compartirían la nueva moneda europea: el euro. Se inició una política de privatización de empresas estatales y de reforma laboral, estimulando las contrataciones temporales para frenar el paro, lo que precarizó el mercado de trabajo, pero no alteraba los puntos esenciales del Estado del bienestar. En 1999, con los criterios cumplidos en su mayor parte, España fue aceptada como miembro de la Eurozona, estableciéndose una cotización de 166,386 pesetas por euro. Las monedas y billetes de peseta dejaron de circular en 2002.

Tras la masiva movilización popular contra el largo secuestro de José Ortega Lara (17 de enero de 1996 – 1 de julio de 1997, liberado por la policía) y el asesinato de Miguel Ángel Blanco (13 de julio de 1997, particularmente impactante, al ser el resultado final de un secuestro cuyo chantaje consistía en la exigencia del acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco), la situación de la banda terrorista se había deteriorado incluso entre parte de sus bases sociales del País Vasco. Se planteó un cambio de estrategia de los partidos nacionalistas vascos moderados, que acordaron junto con los radicales cercanos a ETA el Pacto de Lizarra (12 de septiembre de 1998). La inmediata declaración de una denominada tregua (16 de septiembre de 1998) llevó al gobierno a aceptar el inicio de unas conversaciones (noviembre de 1998) que no condujeron a ningún resultado positivo, y que posteriormente el ministro Mayor Oreja denominó tregua trampa (septiembre de 1999).

En las elecciones generales de 2000 el PP consiguió la mayoría absoluta, lo que le permitió llevar a cabo su política sin el condicionante de la búsqueda de apoyos en los partidos nacionalistas periféricos. La oposición sindical al nuevo decreto reforma laboral se sustanció en la huelga general del 20 de junio de 2002. Se suprimió el servicio militar obligatorio y se impulsó el Plan Hidrológico Nacional.

En política exterior, Aznar se alineó claramente con los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de sus principales aliados europeos (trío de las Azores) en los conflictos posteriores al 11-S: la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. El desastre ecológico provocado por el accidente del petrolero Prestige (2002-2004, posiblemente agravado por la confusa gestión política, que generó el movimiento de protesta Nunca Mais) se sumó al escándalo consiguiente al accidente del Yak-42 (avión que se estrelló en Turquía -26 de mayo de 2003- trasladando tropas españolas desde Afganistán hasta España, cuya precipitada e irregular identificación generó el descontento de los familiares y un proceso judicial) y a la gran oposición de la opinión pública a la intervención de España en la guerra de Irak (movimiento de protesta No a la guerra), desprestigiado al gobierno y al Partido Popular, que no obstante consiguió mantener unos aceptables resultados en las elecciones autonómicas de España de 2003.

Aznar se había comprometido a no presentarse a una tercera convocatoria electoral. Para sustituirle como candidato se barajaban tres nombres: Rodrigo Rato, Mayor Oreja y Mariano Rajoy, quien fue finalmente elegido por el propio presidente.

Tres días antes de las elecciones generales, se produjeron los atentados del 11 de marzo de 2004, con 191 muertos, conmocionando al país y produciendo la confusión del propio gobierno, que en un primer momento lo atribuyó a ETA. Tras una manifestación unitaria de repulsa, a medida que comenzaron a publicarse evidencias de la autoría del terrorismo islámico (posteriormente discutidas por los medios de comunicación -especialmente el periódico El Mundo- que siguen sosteniendo teorías alternativas a la investigación oficial), el descontento comenzó a desplazarse contra el gobierno, y el mismo día de reflexión se convocaron manifestaciones irregulares frente a las sedes del Partido Popular. El resultado de las elecciones, que dio la victoria por mayoría relativa al PSOE, se suele interpretar como un voto de castigo.

Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

José Luis Rodríguez Zapatero se significó en los primeros momentos de su mandato con una decisión de gran impacto internacional: la retirada de las tropas españolas de Irak, en cumplimento de su promesa electoral, aunque sorprendente por su inmediatez, comunicada antes incluso de la formación de su gobierno. En política interior, la subida del salario mínimo interprofesional (uno de los más bajos de Europa) abrió el camino de otras reformas sociales entre las que destacaba la autorización del matrimonio homosexual (30 de junio de 2005), muy protestado por la Iglesia Católica; y la ley de dependencia (30 de noviembre de 2006). Otras medidas sociales de gran impacto fueron la introducción del carnet por puntos para la sanción de infracciones de tráfico (2006) y las sucesivas ampliaciones de la prohibición de fumar (2006 y 2011), que se terminaron extendiendo a la práctica totalidad de los espacios públicos. Otras cuestiones se aplazaron para la siguiente legislatura, como la reforma de la ley del aborto (24 de febrero de 2010).

Ante la ONU, Zapatero propuso la Alianza de civilizaciones, una iniciativa de colaboración internacional que co-lideró con el presidente turco Erdogan. La aprobación en referéndum de la constitución europea en 2005 fue inoperante, dado el fracaso de mecanismos similares en otros países.

Varias comunidades iniciaron el procedimiento de reforma de sus estatutos de autonomía. El denominado Plan Ibarretxe, no planteado como una reforma estatutaria sino como una iniciativa soberanista para el País Vasco, fue rechazado por las Cortes (1 de febrero de 2005). La reforma del Estatuto catalán fue aún más polémica; a pesar de superar todos los trámites legislativos con distintas modificaciones y entrar en vigor tras el referéndum del 18 de junio 2006, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad tramitado de forma accidentada por el Tribunal Constitucional, que no emitió su fallo hasta el 28 de junio de 2010, interpretando restrictivamente ciertas partes del texto e invalidando otras.

Durante varios meses del año 2006 se llevaron a cabo contactos del gobierno con ETA en un contexto de tregua declarada por el grupo terrorista y de protestas del Partido Popular, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y los medios de comunicación de orientación conservadora; y que se demostraron infructuosos tras el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas (30 de diciembre de 2006). Más eficacia demostró la presión policial, judicial e internacional, que consiguió la detención consecutiva de los equipos dirigentes que se sucedieron en la cúpula de la banda terrorista; y el impedimento, mediante reformas legislativas y decisiones judiciales, de que las agrupaciones políticas organizadas en torno a ETA obtuvieran representación política en ayuntamientos y parlamentos, al ser ilegalizadas parcial o totalmente en unas u otras convocatorias electorales (especialmente desde el Pacto Antiterrorista de 2000 y la Ley de Partidos de 2002, ambas con el consenso de PP y PSOE, que se mantuvo, con tensiones puntuales, con ambos partidos en posición de oposición o de gobierno).

Durante una cumbre iberoamericana se produjo un incidente verbal entre el rey y el presidente venezolano Hugo Chávez, que llegó a hacerse muy popular (¿Por qué no te callas?, 10 de noviembre de 2007); y que se utiliza como ejemplo de la complejidad de las relaciones entre España e Hispanoamérica. Estas relaciones, intensificadas tanto en lo económico como en lo político, son denunciadas como neocolonialistas por la corriente de opinión indigenista, mientras que la opinión conservadora dentro de España critica por contraproducente e ingenuo el mantenimiento de relaciones relativamente amistosas con el gobierno de Cuba y otros de orientación próxima, calificados de populistas y contrarios a los intereses españoles.

Tras las elecciones generales de España de 2008 (cuyos actos finales de campaña tuvieron que ser suspendidos ante el asesinato por ETA de Isaías Carrasco), se repitió la mayoría relativa del PSOE y el segundo puesto del PP. Ambos partidos aumentaron en número de diputados. Los partidos nacionalistas e Izquierda Unida disminuyeron su representación, al tiempo que aparecía un nuevo partido de ámbito nacional: Unión Progreso y Democracia, por el que Rosa Díez consiguió un acta de diputado.

El debate en torno a la Ley de Memoria Histórica, que provenía de la legislatura anterior, alcanzó su nivel máximo como consecuencia de la decisión del juez Garzón de iniciar un procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo (16 de octubre de 2008); y la reacción contra él, que, además de su apartamiento de la causa, que no tuvo continuidad, se sustanció en tres procedimientos judiciales simultáneos por diversos motivos, unos ligados a ese asunto y otros ajenos, pero también de repercusión política, que llevaron a su suspensión como juez de la Audiencia Nacional, en medio de un escándalo internacional (14 de mayo de 2010).

La crisis económica de 2008-2011 afectó de manera gravísima a la economía española, que tras experimentar el final de la denominada burbuja del ladrillo sufrió varios trimestres consecutivos de descenso del PIB y de incremento del paro, que llegó en el tercer trimestre de 2011 a la cifra histórica de cinco millones (más del 20% de la población activa);  e incluso a la estructura demográfica, produciéndose por primera vez en décadas la inversión de los movimientos migratorios (mayor emigración que inmigración). La crisis de la deuda griega de 2010, convertida en una verdadera crisis de la Eurozona, llevó a los gobiernos europeos, e incluso al presidente norteamericano Barak Obama, a exigir al español (que precisamente ocupaba durante ese semestre la presidencia rotativa de la UE) medidas drásticas de reducción del déficit público. La decisión de Zapatero (12 de mayo de 2010) de reducir el salario de los funcionarios y no incrementar las pensiones se calificó de una medida sin precedentes en la historia de la democracia española, cuestionándose el mantenimiento del modelo de Estado del bienestar. La presión de los mercados de deuda sobre los países periféricos de la Unión Europea (denominados PIGS) y la actitud exigente de la presidente alemana Ángela Merkel impusieron incluso una reforma constitucional que se realizó de forma urgente el 23 de agosto de 2011, por consenso de los dos principales partidos españoles (PP y PSOE), cuando el presidente Zapatero ya había comunicado su intención de disolver las Cortes y convocar anticipadamente elecciones generales.

En las elecciones autonómicas catalanas (28 de noviembre de 2010), Convergencia i Unió obtuvo una victoria sin mayoría absoluta, que fue suficiente para que Artur Mas fuera nombrado president de la Generalitat, desplazando al anterior gobierno tripartito de izquierdas.

Las siguientes convocatorias electorales dieron la victoria al Partido Popular, que consiguió acumular un poder inédito en el periodo democrático, con mayorías absolutas en la mayor parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (22 de mayo de 2011), y en el Congreso y el Senado desde el 20 de noviembre 2011 (en la convocatoria electoral anticipada a la que no se presentó por el PSOE Zapatero, sino Alfredo Pérez Rubalcaba -que obtuvo los peores resultados de su partido desde 1977, mientras se incrementaba la representación de partidos minoritarios como Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia-); siendo nombrado Mariano Rajoy como presidente del gobierno (21 de diciembre de 2011).

La presencia en las instituciones vascas de la izquierda abertzale, con la denominación Bildu, que logró la alcaldía de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa (elecciones municipales y a Juntas Generales, 22 de mayo de 2011), llevó a la convocatoria de una denominada Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián (17 de octubre de 2011), acogida con distintos grados de escepticismo por los demás grupos políticos y con presencia de personalidades internacionales. La declaración final de esa conferencia fue aprovechada por la banda terrorista ETA para anunciar «que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada» (20 de octubre de 2011), lo que propició una notable representación electoral de la izquierda abertzale, con la denominación Amaiur, en las elecciones generales (20 de noviembre de 2011).

Desde el 15 de mayo de 2011, el movimiento de los indignados ha protagonizado movilizaciones sociales de nuevo cuño, con características similares hasta cierto punto a otros movimientos de protesta simultáneos en otros países, como la primavera árabe, occupy Wall Street, etc.

Gobierno de Mariano Rajoy. 2011

En las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre de 2011 para el Parlamento de la X Legislatura, el Partido Popular resultó vencedor con una mayoría absoluta de 186 escaños. El resultado convirtió a Rajoy, candidato a presidente del Gobierno, en virtual presidente del Gobierno de España, el sexto del período democrático comenzado en 1977.

Fue designado presidente por el Congreso de los Diputados el día 20 de diciembre de 2011 y tomó posesión del cargo al día siguiente. Inmediatamente después de jurar el cargo ante el rey Juan Carlos I, el presidente anunció la composición del gabinete, cuyos miembros juraron o prometieron sus cargos al día siguiente.

El viernes 30 de diciembre, el nuevo Gobierno anunció que el déficit público estimado para 2011 sería el 8% del PIB, por lo que el nuevo gobierno aprobó un Decreto de medidas urgentes para reducir el déficit que consistían en una subida de impuestos, elevando el tipo marginal del impuesto sobre la renta desde el 45 hasta el 52%, y en una reducción del gasto público de más de 9.000 millones de euros.Además, el gobierno acordó congelar los sueldos de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional. También acordó subir las pensiones un 1%, prorrogar los 400 euros de subsidio a los parados de larga duración y recuperar la deducción por vivienda en el IRPF.

2012

El 23 de mayo los mineros de Asturias y del norte de León iniciaron una huelga en protesta por el plan del gobierno de reducir en un 63% las ayudas al carbón nacional. Durante las semanas siguientes se produjeron duros enfrentamientos con la policía por el corte de carreteras y autovías y el levantamiento de barricadas. El 18 de junio se inició una huelga general en Asturias y en León.

El sábado 9 de junio el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido un préstamo de la Unión Europea de hasta 100.000 millones de euros que utilizará para sanear el sistema financiero español.A mediodía del día siguiente, el presidente del Gobierno evitó la palabra rescate y explicó que la línea de crédito era un éxito de su política.

Tras asistir a la cumbre del G-20 de Los Cabos (México) y tras una breve presencia en la cumbre Río+20,el viernes 22 de junio Mariano Rajoy participa en Roma por primera vez en una cumbre preparatoria de la reunión del Consejo Europeo (que se celebrará los próximos 28 y 29 de junio) junto con los líderes de los otros tres grandes países del Euro (Angela Merkel, François Hollande y Mario Monti). Allí acuerdan lanzar un programa de estímulo al crecimiento de 130.000 millones de euros (una especie de Plan Marshall europeo).

El miércoles 11 de julio de 2012, al día siguiente de que el Eurogrupo acordara las condiciones para el rescate del sistema bancario español y de que el Ecofin aprobara flexibilizar los objetivos de déficit para 2012 exigiendo a cambio al gobierno español que realizara de forma inmediata más ajustes para alcanzar ese objetivo,el presidente Mariano Rajoy presentó en el Congreso de los Diputados el mayor ajuste de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros en dos años.Para alcanzar ese objetivo anunció la subida del IVA ; la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios; la reducción en un 10% del subsidio de desempleo a partir del sexto mes de percepción; la eliminación de la desgravación por vivienda en el IRPF; el aumento de los impuestos medioambientales, entre otras medidas.

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