5- España S. XX Democracia 1975 – 2000

  • España democrática 1975-2000: La transición política. La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías.
  • La transición política

Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático.

Este proceso de transición se ha convertido al pasar los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia que la acompañó.

Las fuerzas políticas en escena

Los Franquistas

Al morir Franco, las diferencias entre el “bunker”, organizado en torno a figuras como Blas Piñar, y los “aperturistas” se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio, este era el caso de Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a desempeñar un papel clave en la transición. Adolfo Suárez será la figura clave en este grupo.

Las fuerzas de oposición

Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban en torno a figuras como Ruiz Gimenez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Borbón, padre del monarca.

Entre las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza hegemónica en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco será la fuerza mayoritaria. Teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se enfrentaba con las acciones de una ETA cada vez más activa.

Entre las fuerzas de izquierda sobresalía el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo, y, sin lugar a dudas, el partido más organizado y activo al acabar la dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que un nuevo grupo dirigente organizado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra había llegado al poder. El Partido Socialistas Popular de Enrique Tierno Galván era otra fuerza de izquierda que terminó finalmente por unirse al PSOE.

La hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones Obreras era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. La histórica CNT se convirtió en una fuerza meramente simbólica.

Las disensiones entre el PCE y el PSOE impidieron que toda la oposición democrática se coaligara en una única alianza. Así, surgieron la Junta Democrática, dominada por el PCE y con fuerte capacidad de movilización y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran las fuerzas principales.

Los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I. El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976)

Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuador del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino en denominar la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.

En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.

El gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía.

Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Aria Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.

El Gobierno Suárez y la Ley de Reforma Política

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.

Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la oposición democrática.

Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.

Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de los cambios eran inevitables, llevaron a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la Ley de Reforma Política, lo que suponía su “suicidio político”.

Avances de la oposición

Poco a poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en Madrid su XXVII Congreso al que asistieron importantes líderes internacionales. Santiago Carrillo, el líder comunista dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976 , fue puesto en libertad ocho días después.

Ese mismo mes se había celebrado un referéndum popular sobre la Ley de Reforma Política. La respuesta había sido contundente: con 77.7% de participación, el 94.1% de los votos habían sido positivos.

La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura democrática (gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres…). En adelante, gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino régimen democrático.

El año clave: 1977

El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como El Alcázar, o grupos políticos como Fuerza Nueva dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha centró sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO. Con sus ataques al ejército y las fuerzas policiales alimentaban las posibilidades de un golpe militar.

La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de los “Guerrilleros de Cristo Rey”, le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha.

La respuesta popular fue una gran manifestación de repulsa en Madrid que se desarrolló pacíficamente y que mostró claramente la voluntad general de continuar los cambios de forma pacífica.

Adolfo Suárez, aunando coraje y habilidad política, supo sortear los obstáculos y adoptó medidas que permitieron el paso a un régimen democrático. La legalización del PCE en abril de 1977 y la amnistía de los presos políticos llevaron a la celebración de las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República en junio de 1977.

El partido triunfador fue la Unión del Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34.5% de los votos.

El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 9.4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8.0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas.

El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del momento: elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático y hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía atentando pese a una amnistía total decretada en octubre de 1977, y al peligro golpista.

Todo este delicado proceso político debía hacerse en un contexto de profunda crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades económicas.

El proceso constitucional

A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.

Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los “padres de la constitución” fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a la cuestión de los “derechos históricos”, tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.

La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución fue la de “consenso”. Se trataba de evitar la triste tradición española de “constituciones de partido” que habían jalonado especialmente nuestro siglo XIX. Aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución.

Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.

El proceso preautonómico

Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, manifestado de forma espectacular el 11 de septiembre cuando millón y medio de catalanes se manifestaron por la autonomía en Barcelona, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución.

Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat, en septiembre de 1977, y en el País Vasco en diciembre de ese mismo año se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. Entre abril y octubre de 1978, se crearon por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias.

Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó “café para todos” y prefiguró el futuro constitucional de la estructura territorial de España.

Contenido de la Constitución

En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución:

Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.

El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.

El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles.

Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.

La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.

La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:

Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.

El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.

Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen.

Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas.

Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.

Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellilla constituidas en 1995). Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios.

La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.

Los Gobiernos democráticos y la integración en Europa

La segunda legislatura de UCD y el fin del gobierno de Suárez (1979-1981)

Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez. No ocurrió así en las elecciones municipales, las primeras democráticas desde la II República, celebradas poco después. La izquierda conquistó los principales ayuntamientos mediante la alianza del PSOE y el PCE.

Pese a esta alianza, Felipe González forzó un giro político e ideológico en el PSOE tras la celebración de su XXVIII Congreso. El PSOE abandonó el marxismo como ideología oficial y se configuró como un partido de izquierda moderada que podía aspirar al poder en unas próximas elecciones.

El año 1979 se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de estado frustrado en 1981. Diversos factores explican esta crisis política:

La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980. Esos fueron los dos años más letales de la banda.

El consiguiente desasosiego en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe.

El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición.

La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas. Convergència y Unió de Jordi Pujol y el PNV.

La crisis interna de UCD. Las disensiones y críticas internas en un partido que había nacido de forma artificial fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con miembros de su propio partido.

Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. Calvo Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó para el día 23 de febrero la segunda votación para su investidura.

El golpe de estado del 23-F

Mientras se celebraba la votación de investidura un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero entraron en las Cortes secuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, era otro de los principales golpistas.

El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de algunos militares como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, posteriormente asesinado por ETA, fue clave para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión al orden constitucional.

El último gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982)

Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un período marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado.

En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones.

En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de “cambio” de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.

Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996)

En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación.

El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete.

Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una despenalización parcial del aborto.

España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en realidad.

Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la alianza militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit como líder político.

En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.

En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis en su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda Unida.

La segunda legislatura socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España.

El crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los sindicatos CC.OO. y UGT organizaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. El país se paralizó y Felipe González tuvo que negociar la retirada parcial de su programa liberalizador.

En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de votos. En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de Franco.

Sin embargo, la recesión mundial iniciada principios de los noventa golpeó duramente a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política económica del gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de desempleados.

La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de corrupción (hermano de Alfonso Guerra y FILESA) que afectaron al gobierno socialista. A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la “guerra sucia” contra ETA.

En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer aunque esta vez sin mayoría absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergència i Unió de Pujol. Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en el Partido Popular que era dirigido desde 1989 por Jose María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país (1993-1996).

Las dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle Pujol el apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 1996.

El gobierno del PP (1996-2000)

Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado su fin.

Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran objetivo era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit…) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados permitirían a España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.

La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro en 1999.

El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor de los colectivos que llevaban años enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenó una importante reacción popular que vino a denominarse el “espíritu de Ermua”.

El gobierno de Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La reacción en el campo albertzale fue el Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia. Unos días después ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones.

Los contactos entre el gobierno de Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún resultado y un año después ETA volvió a la actividad armada. El presidente Aznar, que había sido víctima de un atentado frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo vasco en todas sus tendencias.

Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes.

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